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Cómo dar fuerza ejecutiva a un acuerdo de mediación

Acuerdo firmado sobre una mesa de madera junto a dos plumas y un sello

Un acuerdo de mediación bien redactado resuelve el conflicto en el plano del contrato, pero no siempre sirve, por sí solo, para acudir al juzgado y pedir el embargo de los bienes del deudor. Para eso hace falta que el documento se convierta en título ejecutivo. La diferencia es práctica: con título ejecutivo se insta directamente la ejecución; sin él, hay que iniciar antes un procedimiento declarativo para que un tribunal reconozca el derecho. Este artículo explica, norma en mano, qué pasos convierten un acuerdo de mediación en un documento con fuerza ejecutiva y qué ocurre después si el obligado no cumple.

Qué significa que un acuerdo tenga fuerza ejecutiva

El artículo 517 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, establece que la acción ejecutiva debe fundarse en un título que tenga aparejada ejecución, y enumera cuáles son. Entre ellos figuran los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, con una condición expresa: estos últimos deben haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. La misma regla se extiende a los acuerdos alcanzados en cualquier otro de los medios adecuados de solución de controversias que igualmente hubieren sido elevados a escritura pública.

El mismo precepto contempla, en un apartado distinto, las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuera necesario para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones. Esa es la segunda vía: cuando la mediación se desarrolla con un procedimiento judicial ya iniciado, el camino natural no es siempre la notaría, sino el propio tribunal.

Conviene retener la idea de fondo. La ley no da fuerza ejecutiva al acuerdo por el hecho de estar firmado ante un mediador. Se la da al acuerdo que ha pasado por una de las dos puertas que el legislador ha previsto. Elegir mal la puerta, o no pasar por ninguna, es la causa más frecuente de que una reclamación judicial posterior se complique.

El contenido mínimo del acuerdo de mediación

Antes de pensar en la escritura pública o en la homologación, el documento tiene que cumplir lo que exige el artículo 23 de la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. El acuerdo puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la mediación, de modo que no es obligatorio cerrar todos los frentes para dejar fijado lo que sí se ha pactado.

En el acuerdo debe constar la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y la fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de la ley, con indicación del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento. El acuerdo debe firmarse por las partes o sus representantes, y de él se entrega un ejemplar a cada una de ellas, reservándose otro el mediador para su conservación.

La ley añade un deber de información relevante: el mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo. Esa advertencia es, en la práctica, el aviso de que el documento firmado y el documento ejecutable no son todavía lo mismo.

Desde la perspectiva de un abogado para reclamación de deudas, la redacción de las obligaciones es el punto crítico. Si lo que se pacta es el pago de una cantidad, debe quedar identificada con precisión la suma, quién la debe, a quién se paga y cuándo. Un acuerdo con obligaciones vagas puede ser válido como contrato y, sin embargo, resultar difícil de ejecutar, porque la ejecución exige saber exactamente qué se reclama.

Cuando el asunto es sencillo y lo único que falta es poner negro sobre blanco un calendario realista, lo razonable es ordenar primero la parte económica y después formalizarla. En supuestos estandarizables puede resultar útil crear un calendario de pagos y llevarlo ya cerrado al momento de la firma.

Menciones obligatorias del acuerdo de mediación (art. 23 Ley 5/2012)

  • Identidad y domicilio de las partes
  • Lugar y fecha en que se suscribe el acuerdo
  • Obligaciones que cada parte asume
  • Constancia de que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a la ley
  • Indicación del mediador o mediadores intervinientes y, en su caso, de la institución de mediación
  • Firma de las partes o de sus representantes y entrega de un ejemplar a cada una

Vía uno: la elevación a escritura pública

El artículo 25 de la Ley 5/2012 regula la formalización del título ejecutivo. Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. El acuerdo se presentará por cualquiera de las partes ante un notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador.

Esta redacción, que permite la presentación por cualquiera de las partes, procede de la modificación introducida por la disposición final 20.11 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025. Antes el texto hablaba de presentación por las partes. El cambio es operativo y evita bloqueos cuando una de ellas se desentiende del trámite una vez firmado el documento.

Qué comprueba el notario

Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y que su contenido no es contrario a Derecho. No se trata de un trámite automático de sellado. Si el acuerdo omite alguno de los elementos del artículo 23, o si su contenido no supera ese control de legalidad, la elevación puede frustrarse y con ella la posibilidad de ejecutar directamente.

Por eso tiene sentido revisar el borrador antes de firmarlo, y no después. Las actas de la sesión constitutiva y de la sesión final forman parte de la documentación que se presenta, de manera que el procedimiento debe estar correctamente documentado desde el inicio.

1

Cerrar el acuerdo con el contenido legal completo

Revisar que el documento recoge las menciones del artículo 23 de la Ley 5/2012 y que las obligaciones están definidas con precisión antes de firmar.

2

Reunir las actas del procedimiento

Obtener copia del acta de la sesión constitutiva y del acta de la sesión final, que acompañan al acuerdo en la notaría.

3

Presentar el acuerdo ante notario

Desde el 3 de abril de 2025, la presentación puede hacerla cualquiera de las partes, sin que sea necesaria la presencia del mediador.

4

Control notarial de legalidad

El notario verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 5/2012 y que el contenido del acuerdo no es contrario a Derecho.

5

Otorgamiento de la escritura pública

Con la escritura, el acuerdo pasa a integrarse entre los títulos con aparejada ejecución del artículo 517.2.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

6

Instar la ejecución si hay incumplimiento

Se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se firmó el acuerdo, conforme al artículo 26 de la Ley 5/2012.

Vía dos: la homologación judicial

El apartado 4 del artículo 25 contempla el supuesto en que el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial. En ese caso, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La referencia expresa a la Ley 1/2000 con su fecha también procede de la reforma con efectos desde el 3 de abril de 2025.

La homologación conecta con el artículo 517.2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que atribuye fuerza ejecutiva a las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso. Es decir, el título no es el acuerdo en sí, sino la resolución que lo aprueba.

La elección entre notaría y juzgado no es libre en todos los casos. Depende de un dato objetivo: si la mediación se desarrolló estando ya en curso un proceso judicial o si se desarrolló al margen de cualquier procedimiento. Ese dato condiciona también, como se verá, qué tribunal será competente después para la ejecución.

Plazo de diez días para oponerse

El ejecutado dispone de diez días siguientes a la notificación del auto que despacha ejecución para oponerse por escrito, alegando pago o cumplimiento justificado documentalmente, caducidad de la acción ejecutiva o pactos y transacciones que consten en documento público. La oposición no suspende el curso de la ejecución (art. 556 LEC).

Ante qué tribunal se pide la ejecución

El artículo 26 de la Ley 5/2012 resuelve la cuestión con dos reglas. La ejecución de los acuerdos resultado de una mediación iniciada estando en curso un proceso se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo. Y si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La consecuencia práctica merece subrayarse. El lugar de firma del acuerdo determina el juzgado competente cuando no hubo proceso previo. No es un detalle protocolario: es un dato que influye en dónde habrá que litigar si el deudor incumple. Conviene decidirlo conscientemente y hacerlo constar con claridad, puesto que el lugar y la fecha de suscripción son, además, menciones obligatorias del artículo 23.

Acuerdos con elemento transfronterizo

Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, el artículo 25.3 exige, además de la elevación a escritura pública, el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan exigir los convenios internacionales en que España sea parte y las normas de la Unión Europea.

En sentido inverso, el artículo 27 regula la ejecución en España de acuerdos transfronterizos. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unión Europea y los convenios internacionales vigentes en España, el reconocimiento y ejecución de un acuerdo de mediación se producirá en la forma prevista en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. Un acuerdo que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad extranjera solo podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por notario español a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las demás. Y el documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando resulte contrario al orden público español.

Qué puede alegar el deudor frente a la ejecución

Obtener el título ejecutivo no cierra la puerta a toda discusión. El artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de los acuerdos de mediación. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente.

También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público. El motivo tiene una lectura directa para quien negocia después de firmar: los pactos posteriores solo sirven como motivo de oposición si están documentados públicamente.

Hay un punto que suele sorprender al ejecutado. La oposición que se formule en estos casos no suspenderá el curso de la ejecución. El procedimiento sigue adelante mientras se resuelve, de modo que el plazo de diez días debe aprovecharse con la documentación ya preparada.

El único ataque posible al contenido del acuerdo

El artículo 23.4 de la Ley 5/2012 es tajante: contra lo convenido en el acuerdo de mediación solo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. No existe una revisión de fondo del acuerdo por disconformidad con lo pactado. Quien firma asume un contenido vinculante, y el mediador tiene el deber de informarle de ese carácter vinculante.

Esta regla refuerza la importancia del asesoramiento antes de la firma. Una vez suscrito el acuerdo, y más aún una vez elevado a escritura pública u homologado, el margen para discutir su contenido se estrecha de forma considerable, y la discusión se traslada al terreno estricto de la nulidad contractual.

CriterioElevación a escritura públicaHomologación judicial
Cuándo procedeAcuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediaciónMediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial
Quién intervieneNotario, a instancia de cualquiera de las partesEl tribunal, a solicitud de las partes
Documentación adicionalCopia de las actas de la sesión constitutiva y finalConforme a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
Control previoRequisitos de la Ley 5/2012 y que el contenido no sea contrario a DerechoAprobación u homologación por resolución judicial
Tribunal competente para ejecutarJuzgado de Primera Instancia del lugar de firma del acuerdoEl tribunal que homologó el acuerdo
Base legal del títuloArt. 517.2.2 LECArt. 517.2.3 LEC

Errores que vacían de eficacia un buen acuerdo

El primero es quedarse en la firma. Un acuerdo que cumple el artículo 23 obliga a las partes, pero no está en la lista de títulos con aparejada ejecución del artículo 517 mientras no se eleve a escritura pública o se homologue judicialmente. Si el deudor deja de pagar, habrá que reclamar por la vía declarativa antes de poder ejecutar.

El segundo es documentar mal el procedimiento. Las actas de la sesión constitutiva y de la sesión final acompañan al acuerdo ante el notario. Sin ellas, la elevación a escritura pública se complica.

El tercero es ignorar el componente internacional. Si la ejecución va a producirse fuera de España, la escritura pública no basta por sí sola y hay que atender a los convenios internacionales y a las normas de la Unión Europea.

El cuarto es pactar después sin formalidad. Los acuerdos posteriores destinados a evitar la ejecución solo pueden alegarse como oposición si constan en documento público, según el artículo 556.1.

En asuntos de cuantía modesta y estructura repetitiva, donde todo se reduce a documentar una propuesta y un plan de cumplimiento, puede bastar con enviar una propuesta de acuerdo bien construida. Cuando el importe es relevante, hay garantías en juego, el deudor discute la deuda o se vislumbra un escenario de insolvencia, la decisión sobre el título ejecutivo y sobre el foro competente debe tomarse con un abogado antes de firmar nada.

Conclusión

Dar fuerza ejecutiva a un acuerdo de mediación es una decisión técnica con consecuencias muy concretas. El contenido del documento debe ajustarse al artículo 23 de la Ley 5/2012. La transformación en título pasa por la elevación a escritura pública del artículo 25 o por la homologación judicial cuando ya existía un proceso en curso. El artículo 26 fija después el tribunal competente, y el artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil delimita lo que el deudor podrá alegar en un plazo breve y sin suspender la ejecución. Planificar esos pasos desde el principio es lo que separa un acuerdo que se cumple de un acuerdo que acaba en una reclamación judicial larga.

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Artículo escrito por

Maria Serra

Abogada y mediadora

Abogada de familia y mediadora en Barcelona

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