En resumen. Una empresa responde civilmente por un ciberataque cuando no adoptó las medidas de seguridad apropiadas a su actividad y esa falta contribuyó al daño sufrido por clientes, trabajadores o terceros. Si el incidente afecta a datos personales, es la empresa quien debe probar que sus medidas eran adecuadas (TJUE, asunto C-340/21). El plazo para reclamar es de 5 años si hay contrato y de 1 año si no lo hay.
Artículo escrito por Redouan Rochdi
Un ciberataque puede convertir a una empresa en víctima y en responsable
Un correo fraudulento, una intrusión o el secuestro de archivos pueden paralizar una actividad y perjudicar también a clientes, trabajadores o proveedores. La pregunta no es solo quién ha atacado, sino si la empresa había adoptado las medidas que razonablemente le correspondían y si su incumplimiento contribuyó al daño.
Sufrir un ataque no convierte automáticamente a la empresa en responsable. Pero ser víctima de un delincuente tampoco la libera frente a terceros.
La responsabilidad se apoya en tres elementos: una obligación incumplida o una conducta negligente, un daño y una relación causal entre ambos. Son los requisitos de los artículos 1101, 1104 y 1902 del Código Civil.
La empresa atacada suele defenderse con el artículo 1105 del Código Civil: nadie responde de sucesos imprevisibles o inevitables. Esta defensa funciona cuando el ataque no pudo preverse ni evitarse con medidas razonables. No funciona cuando el riesgo era conocido, como el phishing o el ransomware, y la empresa no hizo lo que se esperaba de ella.
Quién puede reclamar y en qué plazo
| Quién reclama | Contra quién | Fundamento | Plazo | Quién debe probar |
|---|---|---|---|---|
| Cliente con contrato | La empresa | Incumplimiento contractual (arts. 1101 y 1104 CC) | 5 años (art. 1964.2 CC) | El cliente prueba el incumplimiento, el daño y la causalidad |
| Tercero sin contrato | La empresa | Responsabilidad extracontractual (art. 1902 CC) | 1 año desde que conoció el daño (art. 1968.2 CC) | El tercero prueba la culpa, el daño y la causalidad |
| Persona cuyos datos se han visto afectados | El responsable o el encargado del tratamiento | Art. 82 RGPD | Según la acción ejercitada | La empresa debe probar que sus medidas eran apropiadas |
| La empresa atacada | Su proveedor tecnológico | Contrato de servicios (arts. 1101 y ss. CC) | 5 años (art. 1964.2 CC) | La empresa prueba qué debía hacer el proveedor y qué incumplió |
Clientes y terceros perjudicados
Un cliente puede reclamar si el incidente supone un incumplimiento del contrato y le causa un daño imputable a la empresa. Un tercero sin contrato dispone de la acción extracontractual, con un plazo mucho más corto. Esta diferencia de plazo es la primera que conviene revisar cuando se recibe una reclamación.
La empresa contra su proveedor tecnológico
Externalizar la informática no convierte al proveedor en garante absoluto de que nunca habrá incidentes. Para reclamarle hay que concretar qué debía hacer: mantener sistemas, gestionar copias, monitorizar alertas o prestar un servicio determinado. Después hay que demostrar qué incumplió y cómo influyó en la pérdida.
El contrato, los anexos técnicos, los tickets y las comunicaciones pesan tanto como el informe pericial informático. Conviene revisar también, dentro de los contratos mercantiles con proveedores, las cláusulas que limitan la responsabilidad del proveedor: suelen fijar un tope de indemnización, pero no protegen frente a un incumplimiento doloso.
Personas afectadas por una brecha de datos
El artículo 82 del RGPD reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños materiales o inmateriales derivados de una infracción del Reglamento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado cómo se aplica:
- La infracción sola no basta. La persona debe acreditar un daño, aunque no se exige que sea grave (C-300/21).
- Un ataque de terceros no prueba por sí mismo que las medidas fueran inadecuadas, pero la carga de demostrar que lo eran recae sobre la empresa (C-340/21).
- El temor a un uso indebido de los datos puede constituir un daño inmaterial indemnizable (C-340/21).
Una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos y una indemnización son cuestiones distintas. La multa la cobra la Administración; la indemnización la recibe el perjudicado, y cada una sigue su propio procedimiento.
Qué medidas de ciberseguridad se exigen a una empresa
La ley no impone una lista cerrada de herramientas. Exige medidas apropiadas al riesgo: lo relevante es si la empresa evaluó los riesgos de su actividad, de la información que maneja y de las consecuencias previsibles de un incidente.
Cuando hay datos personales, el artículo 32 del RGPD obliga a aplicar medidas técnicas y organizativas que garanticen un nivel de seguridad adecuado. En España, el artículo 28 de la LOPDGDD añade que esas medidas deben poder acreditarse. No basta con comprar tecnología: hay que implantarla, mantenerla y documentar cómo se usa. El tamaño de la empresa no elimina estas obligaciones.
Las medidas que más se examinan tras un incidente son:
- gestión de accesos, privilegios y doble factor de autenticación;
- actualización de sistemas y corrección de vulnerabilidades;
- copias de seguridad y pruebas periódicas de recuperación;
- protección del correo y formación de la plantilla frente al fraude;
- contratos con los proveedores tecnológicos y supervisión de su trabajo;
- un procedimiento escrito de respuesta a incidentes.
Algunas empresas están sujetas además a la Directiva NIS2, que impone obligaciones reforzadas de gestión de riesgos y notificación. Explicamos a quién afecta en nuestra guía sobre las obligaciones de ciberseguridad de la Directiva NIS2. Su aplicación depende del sector, del tipo de entidad y del tamaño, y debe comprobarse en cada caso.
El trabajador que abrió el correo fraudulento
Muchos incidentes empiezan con un clic de un empleado. Desde el punto de vista civil, el artículo 1903 del Código Civil hace responder a la empresa de los daños que sus trabajadores causen a terceros en el ejercicio de sus funciones. La empresa solo se libera si prueba que actuó con la diligencia debida para prevenir el daño.
Por eso la formación y los protocolos internos cumplen una doble función: reducen el riesgo y sirven de prueba si llega una reclamación.
Frente al trabajador, la empresa puede plantearse una sanción disciplinaria, pero un error aislado rara vez justifica un despido. La valoración depende de si había instrucciones claras, de si el trabajador recibió formación y de si se repite la conducta. Las normas de uso de los dispositivos digitales que exige el artículo 87 de la LOPDGDD son aquí un elemento clave.
Qué hacer en las primeras 72 horas
La respuesta técnica y la jurídica deben coordinarse desde el principio.
- Contener el incidente sin destruir pruebas. El equipo técnico dirige las actuaciones de seguridad y documenta cada cambio.
- Conservar evidencias. Contratos, registros de acceso, correos originales, alertas, tickets, copias disponibles y comunicaciones con el proveedor.
- Notificar a la AEPD si hay datos personales. El artículo 33 del RGPD obliga a hacerlo en un máximo de 72 horas desde que se conoce la brecha, salvo que sea improbable que suponga un riesgo para las personas. Si el riesgo es alto, también hay que informar a los afectados (art. 34 RGPD).
- Revisar las demás obligaciones de aviso. Contratos con clientes, póliza de ciberseguro y, si la empresa está sujeta, la normativa NIS2.
- Presentar denuncia. El ataque puede constituir un delito de estafa informática o de daños informáticos. La denuncia ayuda a investigar y suele ser exigida por las aseguradoras.
- Reconstruir la secuencia. Qué ocurrió, cuándo se detectó, qué medidas existían y cómo se reaccionó.
- Registrar costes desde el primer día. Separar lo que cuesta reparar el incidente de las mejoras futuras.
Un incidente de seguridad exige decisiones rápidas con consecuencias legales. Si su empresa está gestionando uno, podemos ayudarle a ordenar las prioridades.
El papel del ciberseguro
Una póliza de ciberriesgos puede cubrir los costes de respuesta, la pérdida de beneficios y las reclamaciones de terceros. Conviene revisar antes del incidente qué exige la póliza: plazos de comunicación, medidas mínimas de seguridad y proveedores autorizados. Incumplirlas puede reducir o eliminar la cobertura.
Cuando la aseguradora indemniza, puede reclamar después contra el responsable del daño, por ejemplo el proveedor tecnológico (art. 43 de la Ley de Contrato de Seguro).
Cómo se calculan los daños de un ciberataque
El artículo 1106 del Código Civil distingue la pérdida sufrida (daño emergente) de la ganancia dejada de obtener (lucro cesante). En una reclamación contractual, el artículo 1107 limita la indemnización a los daños previsibles al firmar el contrato, salvo que haya dolo. Cada partida debe explicarse por separado y sin duplicidades.
Daño emergente: lo que ha costado el incidente
Se incluyen los gastos razonables de análisis forense, recuperación de archivos, restauración del servicio y asesoramiento. Deben justificarse con facturas e informes y vincularse al incumplimiento.
Una renovación completa de sistemas no es necesariamente indemnizable. Hay que separar el coste de volver a la situación anterior de una mejora que la empresa habría necesitado igualmente.
Lucro cesante: la ganancia que se ha dejado de obtener
Una caída de facturación no equivale al beneficio perdido. El perito debe reconstruir el escenario sin incidente, identificar las operaciones frustradas y descontar los costes que la empresa se ahorró.
Ejemplo. Un ransomware bloquea durante cinco días los sistemas de una distribuidora que factura de media 40.000 euros diarios con un margen del 15 %. El lucro cesante no son 200.000 euros, sino el margen perdido sobre las ventas que no se recuperaron después: si la mitad de los pedidos se sirvieron la semana siguiente, la cifra de partida ronda los 15.000 euros.
Son útiles la contabilidad histórica, los pedidos cancelados, las comunicaciones de clientes y la duración real de la interrupción. También hay que descartar otras causas, como la estacionalidad o la evolución del mercado.
Daños inmateriales y reputacionales
No es lo mismo el temor de una persona por la exposición de sus datos que el descrédito comercial de una sociedad. Cada uno se valora según quién lo sufre y la acción ejercitada.
No existe una tarifa por incidente: ni el número de archivos afectados ni los días de parada fijan por sí solos la indemnización.
Cómo se prepara la reclamación judicial
Antes de demandar hay que elegir la acción, comprobar el plazo y la competencia, y acudir a un medio adecuado de solución de controversias. Desde la Ley Orgánica 1/2025, intentar una negociación previa es un requisito para que se admita la demanda civil (art. 5). Un simple requerimiento de pago no siempre cumple este requisito.
La demanda debe concretar qué se reclama y por qué. La prueba técnica explica la causa; la contable justifica la cuantía. Los archivos y registros digitales deben conservarse de forma que pueda acreditarse su integridad, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil los admite como prueba (arts. 326 y 384) y permite a la otra parte impugnarlos.
Preguntas frecuentes
¿Puede responder una pyme por un ciberataque?
Sí. El tamaño no elimina el deber de diligencia ni las obligaciones de seguridad cuando se tratan datos personales. Lo que cambia es el nivel de medidas exigible, que se ajusta al riesgo real de la actividad.
¿Tener antivirus evita la responsabilidad?
No. Un antivirus es una medida, no una prueba de diligencia. Se valora el conjunto de medidas, su adecuación al riesgo y su funcionamiento real, y si hay datos personales es la empresa quien debe demostrarlo (TJUE, C-340/21).
¿Cuánto tiempo hay para reclamar?
Cinco años si existe un contrato (art. 1964.2 CC) y un año desde que se conoce el daño si no lo hay (art. 1968.2 CC).
¿Hay que notificar el ataque a la AEPD?
Sí, si afecta a datos personales y puede suponer un riesgo para las personas: en un máximo de 72 horas desde que se conoce (art. 33 RGPD).
¿Se puede reclamar al proveedor informático?
Sí, si se identifica qué obligación incumplió y cómo contribuyó al daño. Demostrar que hubo un ataque no basta: hay que conectar el ataque con un fallo concreto del servicio contratado.
¿Se puede reclamar aunque no se conozca al atacante?
Sí. La responsabilidad civil de la empresa o del proveedor no depende de identificar al delincuente. Son dos cuestiones distintas: la investigación penal busca al autor y la reclamación civil examina si alguien incumplió su deber de seguridad.
¿Se puede sancionar al trabajador que abrió el correo fraudulento?
Depende. Si había instrucciones claras y formación, cabe una sanción proporcionada. Un error aislado rara vez justifica un despido.
Prevenir también es preparar la defensa
La ciberseguridad jurídica consiste en reducir riesgos y poder demostrar que se tomaron decisiones razonables. Revisar contratos con proveedores, pólizas, protocolos internos y normas de uso de dispositivos antes de un incidente permite actuar mejor cuando llega la crisis.
Si quiere revisar la posición de su empresa ante un incidente, o reclamar los daños que ha sufrido, nuestro equipo puede ayudarle.
