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Reclamación judicial de daños causados por el inquilino: guía legal

Piso vacío con la pared dañada, un acta de inspección y las llaves sobre el suelo

El arrendatario se marcha, se entregan las llaves y aparece el problema real: puertas forzadas, humedades provocadas por un uso indebido, suelos levantados, sanitarios rotos, instalaciones manipuladas. La fianza cubre una parte y el propietario descubre que el coste de reposición la supera con holgura. A partir de ahí la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser jurídica: qué deterioros son exigibles, con qué prueba y a través de qué procedimiento se reclaman ante el juzgado.

El punto de partida: cómo debe devolverse la vivienda

La obligación básica está en el Código Civil. Su artículo 1561 establece que el arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable.

Esa frase contiene toda la discusión posterior. El estándar no es devolver la vivienda nueva, sino devolverla como se recibió. Y el propio precepto excluye dos supuestos: lo que ha perecido o se ha menoscabado por el transcurso del tiempo y lo que responde a una causa inevitable. La pintura que envejece, un rodapié desgastado o el deterioro natural de un elemento sometido a uso continuado se sitúan en ese terreno. Un cristal roto, una puerta arrancada o una instalación manipulada, no.

La regla de responsabilidad del artículo 1563

El artículo 1563 del Código Civil es la pieza decisiva en cualquier reclamación judicial por desperfectos: el arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya.

Conviene leer bien la segunda parte. La norma coloca la carga de acreditar la ausencia de culpa en el arrendatario. El arrendador que demanda debe probar que el deterioro existe y que la vivienda no estaba así cuando se entregó la posesión. A partir de ahí, corresponde al inquilino demostrar que el daño se produjo sin culpa suya, por ejemplo por un defecto estructural previo, por un siniestro ajeno a su conducta o por el simple paso del tiempo al que se refiere el artículo 1561.

Esa distribución probatoria explica por qué muchos procedimientos se ganan o se pierden antes de presentar la demanda, en la fase de documentación del estado del inmueble.

Desperfectos imputables frente a obligaciones del arrendador

El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos traza la frontera. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido. Pero esa obligación tiene una excepción expresa: no opera cuando el deterioro cuya reparación se trata es imputable al arrendatario conforme a los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil.

El mismo artículo añade dos reglas útiles para delimitar la reclamación. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda son de cargo del arrendatario. Y el arrendatario debe poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de las reparaciones de conservación, facilitando la verificación directa del estado de la vivienda por el propietario o por los técnicos que designe.

Este deber de comunicación tiene peso probatorio. Cuando un daño grave aparece al final del contrato y nunca fue comunicado, el silencio del arrendatario juega en su contra al valorar si actuó con la diligencia exigible.

Qué responde el inquilino y qué no

  • Debe devolver la finca tal como la recibió, al concluir el arriendo (art. 1561 CC)
  • No responde de lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable (art. 1561 CC)
  • Responde del deterioro o pérdida de la cosa arrendada salvo que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya (art. 1563 CC)
  • Asume las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda (art. 21.4 LAU)
  • Debe comunicar al arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de reparaciones de conservación (art. 21.3 LAU)

La fianza no es el techo de la reclamación

El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos impone, a la celebración del contrato, la exigencia y prestación de fianza en metálico equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Ese importe es una garantía legal mínima, no un límite de responsabilidad del inquilino por los daños que cause.

Las partes pueden pactar una garantía adicional a la fianza en metálico. En el arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esa garantía adicional no puede exceder de dos mensualidades de renta. En los arrendamientos temporales no puede exceder de una mensualidad. La misma norma prohíbe exigir al arrendatario la contratación de seguros de impago de renta u otras coberturas análogas.

Cuando el coste de reparación supera la fianza y la garantía adicional, la vía para recuperar la diferencia es la reclamación judicial de cantidad frente al antiguo inquilino. Y cuando el arrendador retiene la fianza sin causa acreditada, la reclamación la plantea el arrendatario.

Intereses por la devolución tardía de la fianza

El saldo de la fianza en metálico que deba restituirse al arrendatario al final del arriendo devenga el interés legal transcurrido un mes desde la entrega de las llaves sin que se haya hecho efectiva la devolución. Es un dato que condiciona la estrategia del propietario: retener la fianza sin un soporte documental sólido del daño puede acabar generando intereses a cargo de quien retiene.

Plazo

El saldo de la fianza en metálico que deba restituirse al arrendatario devenga el interés legal transcurrido un mes desde la entrega de las llaves sin que se haya hecho efectiva la devolución (art. 36.4 LAU). Retener la fianza sin soporte documental del daño puede generar intereses a cargo del arrendador.

El documento de finalización del arrendamiento

El texto consolidado de la Ley de Arrendamientos Urbanos recoge, en el apartado 7 del artículo 36, que a la finalización del contrato las partes deben dejar constancia por escrito del estado de la vivienda en el momento de entrega de la posesión, mediante un documento de finalización del arrendamiento firmado por ambas partes.

La consecuencia es contundente para el arrendador descuidado. Si no se suscribe ese documento, o si se suscribe y no refleja desperfecto alguno, se presume, salvo prueba en contrario, que la vivienda fue entregada en estado adecuado de conservación. Es una presunción que admite prueba en contrario, pero que obliga a quien reclama a desmontarla con medios probatorios de calidad.

Este apartado ha sido objeto de una sucesión de reales decretos leyes y de un acuerdo de convalidación que dejó sin efecto una de las adiciones. Antes de construir una demanda sobre él conviene comprobar la redacción vigente en la fecha exacta de finalización del contrato.

La prueba: lo que realmente decide el pleito

Una reclamación judicial por daños causados por el inquilino se sostiene sobre una comparación entre dos momentos: el estado de la vivienda al entregar la posesión y su estado al recuperarla. Todo lo que ayude a fijar esos dos momentos tiene valor.

El inventario anexo al contrato, con fotografías fechadas, es la base. El acta o documento de finalización firmado por ambas partes, con descripción de desperfectos, cierra el círculo. A ello se suma la correspondencia entre las partes durante la vigencia del contrato, especialmente las comunicaciones sobre reparaciones previstas en el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y un presupuesto o informe pericial que cuantifique el coste de reposición.

El informe técnico cumple una doble función. Cuantifica el importe reclamado y, sobre todo, permite separar lo que es desgaste por el transcurso del tiempo, excluido por el artículo 1561, de lo que es deterioro imputable al uso del arrendatario. Sin esa separación, la cifra reclamada queda expuesta a una reducción importante.

Qué se puede reclamar además del coste de reparación

El artículo 1101 del Código Civil somete a la indemnización de los daños y perjuicios causados a quienes en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad, y a quienes de cualquier modo contravienen el tenor de aquéllas.

Sobre esa base, la reclamación puede extenderse más allá de la factura de las obras cuando concurren perjuicios acreditados derivados del incumplimiento. Cada partida debe justificarse y cuantificarse. Los conceptos genéricos, sin soporte documental, suelen quedar fuera de la condena.

Qué procedimiento corresponde

El cauce procesal lo fija la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su artículo 249.1.6 remite al juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía, los asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, con dos salvedades relevantes: las reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario y el desahucio por falta de pago o por extinción del plazo, y los supuestos en que sea posible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento, en cuyo caso el proceso será el que corresponda conforme a las reglas generales de la ley.

Una reclamación de daños causados por el inquilino es, por definición, una reclamación de cantidad valorable. Por eso el procedimiento se determina habitualmente por la cuantía. El artículo 249.2 reserva al juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda de quince mil euros y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

De ahí la importancia de fijar correctamente el importe reclamado desde el primer momento: condiciona el cauce, los plazos y el coste del procedimiento.

SupuestoRegla de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Asuntos relativos a arrendamientos urbanos de inmueblesJuicio ordinario cualquiera que sea la cuantía (art. 249.1.6)
Reclamación de rentas o cantidades debidas por el arrendatario y desahucio por falta de pago o extinción del plazoExcluidos de esa regla general del art. 249.1.6
Objeto del procedimiento con cuantía valorableEl proceso que corresponda según las reglas generales de la ley (art. 249.1.6)
Demanda de cuantía superior a quince mil euros o de interés económico imposible de calcularJuicio ordinario (art. 249.2)

Cómo se articula la reclamación judicial

El orden de trabajo importa tanto como el fondo. Una demanda bien construida parte de un expediente cerrado, no al revés.

1

Documentar el estado de entrega

Recuperar el inventario anexo al contrato, las fotografías fechadas del inicio y cualquier acta de entrega de la posesión al inquilino.

2

Levantar constancia escrita a la finalización

Dejar constancia por escrito del estado de la vivienda al entregar la posesión, mediante documento firmado por ambas partes, con descripción detallada de los desperfectos.

3

Cuantificar con informe técnico

Obtener presupuesto o informe pericial que separe el deterioro imputable al uso del arrendatario del menoscabo por el tiempo o por causa inevitable.

4

Liquidar fianza y garantías

Aplicar la fianza en metálico y, en su caso, la garantía adicional pactada, y determinar la diferencia pendiente de reclamar.

5

Requerir por escrito al antiguo inquilino

Comunicar el detalle de los daños, el importe y el soporte documental, dejando constancia fehaciente de la recepción.

6

Presentar la demanda

Fijar la cuantía reclamada, determinar el cauce procesal conforme al artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y aportar toda la prueba documental y pericial.

En reclamaciones de importe reducido, con desperfectos evidentes, presupuesto aceptado y un deudor localizable que no discute el fondo, el asunto es estandarizable y puede resolverse con un acuerdo documentado. En esos casos cabe enviar una propuesta de acuerdo con un calendario de pagos antes de iniciar el procedimiento. Cuando el inquilino niega la autoría del daño, atribuye el deterioro al paso del tiempo o ha desaparecido, el escenario cambia y la vía es la demanda.

Errores frecuentes del arrendador

El primero es reparar de inmediato sin documentar. Al rehacer la vivienda desaparece la prueba del daño y queda solo la factura, que acredita un gasto pero no su causa ni su imputación al inquilino.

El segundo es incluir en la reclamación partidas de actualización o mejora. Sustituir un equipamiento antiguo por uno superior no es reparar un deterioro imputable, y esa confusión debilita el conjunto de la demanda.

El tercero es retener la fianza sin comunicación ni soporte, ignorando que el saldo pendiente de devolución devenga el interés legal transcurrido un mes desde la entrega de las llaves.

El cuarto es no firmar documento alguno en la entrega de llaves, con la presunción de buen estado de conservación que ello puede acarrear conforme al artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Defensa del arrendatario demandado

El inquilino demandado no parte indefenso. El artículo 1563 del Código Civil le permite liberarse probando que el deterioro se ocasionó sin culpa suya. El artículo 1561 excluye el menoscabo por el tiempo o por causa inevitable. Y el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos sitúa en el arrendador las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo que el deterioro le sea imputable.

Son argumentos de defensa reales cuando se acreditan con comunicaciones previas sobre el estado del inmueble, fotografías de entrada, informes técnicos sobre patologías estructurales o prueba del origen externo del daño. La ausencia de inventario inicial y de documento de finalización suele jugar a favor de quien ocupó la vivienda.

Cuándo conviene contar con abogado desde el inicio

La intervención temprana evita los errores que luego no tienen arreglo. Un abogado para reclamaciones arrendaticias fija qué partidas son defendibles, cómo se documenta el daño antes de repararlo, qué importe se reclama y qué cauce procesal corresponde según el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

También valora el escenario de cobro efectivo. Obtener una sentencia favorable es un paso; la ejecución posterior frente a un deudor sin bienes conocidos es otro distinto. Esa valoración debe hacerse antes de invertir en un procedimiento, no después.

En Conesa Legal analizamos el contrato, el inventario, la documentación de entrega y el informe técnico, y planteamos la reclamación judicial con el importe y el procedimiento que corresponden al caso concreto.

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Artículo escrito por

Redouan Rochdi

Abogado en Conesa Legal, ejerce en derecho de contratos, reclamación de cantidad y procedimientos mercantiles, y asesora a empresas en protección de datos.

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