Recuperar la posesión de la vivienda resuelve el problema del inmueble, pero no el del dinero. El arrendatario se ha marchado o ha sido lanzado, y la deuda de rentas sigue viva, con un deudor que ya no está localizado en la finca y un expediente que corre el riesgo de quedarse en un cajón. Esa deuda no desaparece con la entrega de llaves: sobrevive al contrato y se reclama por su propia vía. La cuestión es saber qué se puede pedir, dentro de qué plazo y con qué documento se llega al patrimonio del deudor.
Artículo escrito por Redouan Rochdi
La deuda sobrevive a la resolución del contrato
El artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos parte de una idea sencilla: el incumplimiento de cualquiera de las partes da derecho a la que sí cumplió a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato conforme al artículo 1124 del Código Civil. Son dos caminos distintos, y el arrendador que resuelve no renuncia por ello a cobrar lo ya devengado.
Ese mismo artículo enumera las causas por las que el arrendador puede resolver de pleno derecho. La primera es la falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario. La segunda, la falta de pago del importe de la fianza o de su actualización. Esa enumeración es útil además como mapa de conceptos reclamables: lo que el contrato puso a cargo del inquilino y no se pagó forma parte de la deuda, no solo la renta en sentido estricto.
La LAU también contempla un supuesto específico para arrendamientos de finca urbana inscritos en el Registro de la Propiedad. Si se estipuló que el arrendamiento quedaría resuelto por falta de pago de la renta y que debería restituirse inmediatamente el inmueble, la resolución opera de pleno derecho una vez el arrendador haya requerido judicial o notarialmente al arrendatario en el domicilio designado al efecto en la inscripción, instándole al pago o cumplimiento, y este no conteste en los diez días hábiles siguientes o conteste aceptando la resolución. Ese requerimiento sirve además, junto con el título, para cancelar el arrendamiento en el Registro.
Qué conceptos pueden integrar la reclamación
- Las rentas vencidas e impagadas durante la vigencia del contrato
- Las demás cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario conforme al contrato
- Los intereses, que la sentencia puede extender a los que se devenguen después de dictarse
- Las rentas devengadas tras la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva, si se pidió expresamente y se acumuló a la acción de desahucio
- El importe de la fianza o de su actualización, cuando su falta de pago figuraba como obligación del arrendatario
Primera comprobación: ¿ya tiene usted una condena al pago?
Antes de preparar ninguna demanda nueva conviene leer con cuidado la resolución que puso fin al desahucio. El artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula las llamadas condenas a futuro y resuelve buena parte de los casos.
Cuando se reclama el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia puede incluir la condena a satisfacer los que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte. Y en las reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de reclamación se acumuló a la de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y el demandante lo interesó expresamente en su escrito de demanda, la sentencia, el auto o el decreto incluirán la condena a satisfacer también las rentas que se devenguen después de la presentación de la demanda y hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca. La base de liquidación de esas rentas futuras es el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda.
Por qué esa petición expresa lo cambia todo
Si se pidió, la resolución ya cubre el periodo que va desde la demanda hasta la recuperación material de la vivienda. No hay que iniciar un segundo procedimiento por esos meses: basta con liquidar e instar la ejecución. Si no se pidió, o si el desahucio se tramitó sin acumular la reclamación de cantidad, la deuda posterior queda sin título y hay que reclamarla en un procedimiento propio de reclamación de cantidad.
Esta es, en la práctica, la bifurcación más importante del asunto. Determina si estamos ante un trabajo de ejecución o ante un nuevo pleito declarativo, con plazos, costes y pruebas distintas.
Plazo
La acción para exigir el precio de los arriendos de fincas rústicas o urbanas prescribe por el transcurso de cinco años, conforme al artículo 1966.2.ª del Código Civil. Cada mensualidad impagada tiene su propio vencimiento, de modo que dejar pasar el tiempo sin reclamar puede hacer perder las rentas más antiguas aunque las posteriores sigan siendo exigibles.
El plazo que no se puede perder de vista
El artículo 1966 del Código Civil establece que por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento, entre otras, de la obligación de satisfacer el precio de los arriendos, sean estos de fincas rústicas o urbanas, y la de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves.
La consecuencia práctica es que una deuda de rentas no es un bloque único. Es una suma de obligaciones periódicas, cada una con su vencimiento. Un arrendador que espera demasiado puede encontrarse con que las mensualidades más antiguas quedan fuera de plazo mientras las recientes siguen siendo plenamente exigibles. Por eso la reconstrucción de la deuda debe hacerse mes a mes y fechada, no con una cifra global.
La mora y el valor de reclamar por escrito
El artículo 1100 del Código Civil dispone que incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. No siempre es necesaria esa intimación: no lo es cuando la obligación o la ley lo declaran así expresamente, ni cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa fue motivo determinante para establecer la obligación.
Aun así, dejar constancia fehaciente de la exigencia de pago tiene un valor doble. Sitúa con claridad el momento desde el que el deudor está en mora y acredita que el arrendador ha reclamado, lo que resulta relevante cuando el deudor alega inactividad del acreedor. Una reclamación con acuse de recibo, dirigida al domicilio conocido del antiguo arrendatario, es un documento barato que se agradece mucho meses después.
Cómo se articula la reclamación judicial de la cantidad
Cuando no existe condena previa, el camino es una demanda de reclamación de cantidad contra el antiguo arrendatario y, en su caso, contra quienes se hubieran obligado solidariamente conforme al contrato. El escrito debe contener la liquidación detallada, el soporte documental y la petición de intereses.
El artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil describe la mecánica del juicio verbal tras la reforma. Examinada la demanda, el letrado o letrada de la Administración de Justicia la admite por decreto o da cuenta al tribunal, y admitida se da traslado al demandado para que conteste por escrito en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario. Si el demandado no comparece en el plazo otorgado, será declarado en rebeldía conforme al artículo 496. En los casos en que sea posible actuar sin abogado ni procurador, el decreto de admisión lo indicará y se comunicará al demandado que están a su disposición formularios o impresos normalizados en el órgano judicial o en la sede judicial electrónica.
Lo que el deudor puede oponer
El mismo artículo 438 permite al demandado oponer en la contestación un crédito compensable, con aplicación de lo previsto en el artículo 408. Si la cuantía de ese crédito fuese superior a la que determine que se siga el juicio verbal, el tribunal tendrá por no hecha tal alegación, advirtiéndolo al demandado para que use de su derecho ante el tribunal y por los trámites que correspondan.
En cuanto a la reconvención, no se admite en los juicios verbales que según la ley deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada. En los demás, se admite siempre que no determine la improcedencia del juicio verbal y exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las de la demanda principal, rigiéndose entonces por las normas del juicio ordinario, salvo el plazo de contestación, que será de diez días.
Esta posibilidad explica por qué el expediente debe estar impecable antes de demandar. Es frecuente que el antiguo inquilino alegue reparaciones no realizadas, perturbaciones en el uso de la vivienda o cantidades entregadas y no imputadas. Conviene recordar que el artículo 27 de la LAU reconoce al arrendatario causas de resolución propias: la no realización por el arrendador de las reparaciones a que se refiere el artículo 21 y la perturbación de hecho o de derecho que el arrendador realice en la utilización de la vivienda. Si existen antecedentes de ese tipo, hay que anticipar la respuesta.
Reconstruir la deuda mensualidad a mensualidad
Contrato, recibos, justificantes de transferencia y liquidación de cada periodo impagado, separando renta de otras cantidades asumidas por el arrendatario.
Comprobar si ya existe una condena anterior
Si el desahucio terminó con sentencia, auto o decreto que incluyera la condena al pago, no hay que volver a demandar: ya existe título.
Verificar el plazo de prescripción
Descartar las mensualidades que puedan quedar fuera del plazo de cinco años del artículo 1966 del Código Civil.
Exigir el cumplimiento de forma fehaciente
La exigencia judicial o extrajudicial coloca al deudor en mora conforme al artículo 1100 del Código Civil y deja constancia de la fecha de la reclamación.
Presentar la demanda de reclamación de cantidad
Con la liquidación, la prueba documental y la petición expresa de intereses y costas.
Contestación y resolución
Admitida la demanda, el demandado dispone de diez días para contestar por escrito; si no comparece, se le declara en rebeldía.
Ejecutar la condena
Firme la sentencia de condena, se insta la ejecución sobre el patrimonio del deudor.
Del papel al cobro: el título ejecutivo
Una sentencia favorable no es dinero. El artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que la acción ejecutiva se funde en un título que tenga aparejada ejecución y enumera cuáles lo son. Entre ellos, la sentencia de condena firme; las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso; los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública conforme a la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como los acuerdos alcanzados por las partes en cualquier otro de los medios adecuados de solución de controversias que igualmente hubieran sido elevados a escritura pública; y la copia de la escritura pública matriz que el interesado solicite que se expida con tal carácter.
La lectura de ese listado tiene una lectura estratégica directa. Un pacto de pago firmado en un documento privado no permite, por sí solo, ir contra el patrimonio del deudor. El mismo pacto elevado a escritura pública, o homologado dentro del proceso, sí abre la puerta de la ejecución. Esa diferencia de formato es la que separa un papel con buena voluntad de un instrumento de cobro.
| Documento | ¿Lleva aparejada ejecución? | Qué permite hacer |
|---|---|---|
| Sentencia de condena firme | Sí | Instar directamente la ejecución del importe reconocido |
| Resolución judicial que homologa una transacción o acuerdo logrado en el proceso | Sí | Ejecutar lo pactado sin nuevo pleito declarativo |
| Acuerdo de mediación o alcanzado en otro medio adecuado de solución de controversias, elevado a escritura pública | Sí | Ejecutar el acuerdo en sus propios términos |
| Copia de la escritura pública matriz expedida con tal carácter | Sí | Reclamar por la vía de apremio lo documentado en ella |
| Contrato de arrendamiento en documento privado y recibos impagados | No por sí solos | Fundar una demanda declarativa de reclamación de cantidad |
Cuando el deudor no tiene bienes conocidos
La insolvencia aparente del antiguo arrendatario es la objeción más repetida contra reclamar. Merece una respuesta ordenada. Obtener el título y despachar la ejecución permite activar la investigación patrimonial del deudor y mantener viva la posibilidad de cobro frente a ingresos o bienes futuros. Una deuda documentada en un título ejecutivo tiene un recorrido muy distinto al de una deuda que solo consta en recibos domiciliados y devueltos.
Por eso la decisión sobre si demandar o no debe tomarse mirando dos variables a la vez: el importe reclamable que todavía está dentro del plazo de cinco años del artículo 1966 del Código Civil y la situación patrimonial real del deudor. Dejar correr el plazo por desconfianza en el cobro es la peor de las opciones, porque elimina una de las dos variables de forma definitiva.
Cuando el asunto admite un acuerdo de pago
No todos los expedientes son conflictivos. Hay casos en los que el antiguo inquilino reconoce la deuda, tiene ingresos y lo único que falta es ordenar el pago en el tiempo. Cuando el importe es claro, la documentación está completa y no hay discusión sobre los conceptos, tiene sentido intentar primero un acuerdo de pago antes de activar la maquinaria procesal. En esos supuestos estándar se puede enviar una propuesta de acuerdo y, si el deudor responde, crear un calendario de pagos que fije importes y vencimientos por escrito.
Ahora bien, el acuerdo solo protege si está bien construido. Conviene que recoja el reconocimiento expreso de la deuda, el detalle de las mensualidades y el efecto del impago de cualquier plazo. Y conviene recordar lo que dice el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: para que un acuerdo alcanzado en un medio adecuado de solución de controversias lleve aparejada ejecución, debe haber sido elevado a escritura pública. Sin ese paso, el incumplimiento del acuerdo obliga a acudir al procedimiento declarativo.
Errores que encarecen la reclamación
El primero es no haber pedido en su día la condena a las rentas devengadas con posterioridad a la demanda. El artículo 220.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil condiciona ese pronunciamiento a que el demandante lo haya interesado expresamente en su escrito de demanda. Omitirlo obliga a un segundo procedimiento por los meses que median entre la demanda y la entrega de la posesión.
El segundo es confundir renta con el resto de conceptos. El artículo 27.2 de la LAU distingue entre la renta y cualesquiera otras cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario, además de la fianza y su actualización. Una liquidación que mezcla todo sin desglose es más fácil de discutir.
El tercero es gestionar la deuda sin fecha. En obligaciones de pago periódico, la fecha de cada vencimiento determina el cómputo del plazo de prescripción del artículo 1966 del Código Civil y el momento de la mora del artículo 1100. Sin fechas no hay liquidación defendible.
El cuarto es esperar. Recuperar la vivienda produce una sensación de cierre que invita a pasar página. La deuda, sin embargo, sigue corriendo contra el acreedor. Revisar el expediente en cuanto se entrega la posesión y decidir entonces, con los números delante, es la forma más barata de no perder derechos.
Si ya ha recuperado el inmueble y conserva una deuda sin cobrar, el análisis previo es corto: qué dice exactamente la resolución del desahucio, qué mensualidades siguen dentro de plazo y qué documento le permite llegar al patrimonio del deudor. Con esas tres respuestas se decide si toca ejecutar, demandar o cerrar un acuerdo con fuerza suficiente.