Existe la preocupación por las decisiones que se toman al final de la vida. Hoy hay más recursos y la ayuda de profesionales de la salud, pero se teme que su aplicación no se ajuste a la situación personal y a la manera de ser y pensar de cada uno. Todos podemos poner límites a las actuaciones que se efectúen sobre uno mismo o pedir una actuación determinada. En eso consiste anticipar esa voluntad formal y documentalmente para que se tenga en cuenta, llegado el momento, si no se puede expresar personalmente. Ese es el fundamento del Documento de Voluntades Anticipadas (DVA).
El principio de autonomía comporta el respeto a la voluntad expresada en el documento que de esta manera la prolonga para cuando no se pueda ejercer por sí mismo.
Supone también el poder nombrar apoderado o representante para el caso de incapacidades físicas o psíquicas, y el disponer previamente de nuestros deseos respecto a donación de órganos, ceremonias funerarias o tipo de enterramiento.
Sirven para dejar establecida nuestra voluntad en cuanto a la disposición de passwords, claves y números secretos, así como al acceso a nuestros registros o archivos informáticos, limitando o no ese acceso.
El derecho al olvido es el derecho a poder eliminar los datos de carácter personal del interesado que aparecen en Internet en la medida que dicha información ha podido quedar ya superada. Dicho derecho adquiere una relevancia especial cuando el interesado fallece, por lo que éste puede dejar expresada su voluntad al respecto en el llamado testamento digital, o, en su caso puede dejar expresado todo lo contrario, esto es, su deseo a permanecer en la memoria y acervo de Internet.
Nuestros servicios en derecho de familia ofrecen:
Asesoramiento de abogados expertos en la confección del testamento digital
hijos y menores:
Para poder adoptar se ha de tener plena capacidad de obrar, ser mayor de veinticinco años, salvo que se trate de la adopción del hijo del cónyuge o de la pareja estable o de parientes huérfanos, y tener como mínimo catorce años más que la persona adoptada.
La adopción puede serlo de personas menores de edad o de personas mayores de edad. En este caso, sólo se podrá adoptar a aquél que hubiera convivido ininterrumpidamente con el adoptante desde antes de haber cumplido los catorce años o si ha estado en situación de acogimiento preadoptivo, al menos durante los seis meses inmediatamente anteriores a su mayoría de edad o a la emancipación, y siempre que haya continuado conviviendo sin interrupción.
El procedimiento de adopción ha de cumplir una serie de requisitos legales y ser autorizado por un juez.
El adoptante o adoptantes han de hacer saber a su hijo que es adoptado cuanto éste tenga madurez suficiente, o en su caso, cuando cumpla doce años, salvo que dicha información sea contraria al interés superior del menor.
Como paso previo a la adopción puede darse el acogimiento familiar, no obstante éste no tiene por qué dar lugar a la adopción, si el menor puede volver a su familia de origen.
Las personas acogedoras tienen el deber de velar por el menor, alimentarlo y procurarle un bienestar completo, funciones que ejerce con supervisión de la autoridad competente.
La medicina y la biología, a través del desarrollo de nuevas tecnologías han dado lugar a nuevas realidades que han determinado la necesidad de formular una regulación jurídica propia al respecto.
Las técnicas de reproduccción asistida, las inseminaciones con donante anónimo, la maternidad por subrogación o vientres de alquiler, los transplantes de órganos, han suscitado una diversidad de cuestiones a regular como la necesidad de preservar la identidad genética siendo la Bioética o Bioderecho la ciencia jurídica que ha podido dar una respuesta a todas ellas.
Los servicios que se ofrecen consisten en asesoramiento y defensa en juicio de los derechos de filiación, paternidad y resto de cuestiones derivadas de la ulitización de las nuevas técnicas.
Se produce la sustracción internacional de menores cuando un menor es trasladado ilícitamente a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o a una institución, o en aquellos casos en que el padre o la madre se haya trasladado con el menor para residir en otro país, e impida al otro progenitor que tenga atribuido el derecho de visita ejercitarlo. En ocasiones nuestros abogados de familia han tenido que lidiar con este tipo de asuntos, con la necesidad de colaborar con otros compañeros abogados expertos en familia en el extranjero.
Según el Convenio de la Haya de 25.10.1980 el traslado o la retención es ilícito si:
Los servicios que se ofrecen consisten en la defensa y representación en juicio en procesos de sustracción internacional ilícita.
Ante un tema tan delicado como éste, inevitablemente se mueven una serie de sentimientos importantes, sobre todo para el cónyuge que sufre la sustracción y para el menor. Desde iusfamilia ofrecemos, todo el apoyo necesario para conseguir una postura más conciliadora, intentando que las partes se sienten a hablar y adopten medidas menos drásticas para conseguir sus objetivos. Sin que olviden que el más importante de todos es el bienestar del menor.
Las situaciones de separación y/o divorcio, generan emociones a veces intensas y contradictorias difíciles de manejar, para todos los miembros implicados en el proceso.
Ofrecemos la posibilidad de realizar Sesiones de Terapia Familiar, donde todos tengan la oportunidad de poder expresarse y todas las opiniones tengan cabida. Así podemos ayudarles a favorecer y mejorar la comunicación entre ellos, de manera que la convivencia resulte lo más positiva posible.
La relación entre abuelos y nietos por ej. no entiende de cuestiones legales. Los lazos emocionales no deberían verse afectados por estas situaciones.
La ley de Responsabilidad Penal del Menor (LO 5/2000, de 12 de enero) regula los procesos judiciales para exigir responsabilidad penal a una persona mayor de 14 años y menor de 18 años por haber cometido un delito o falta tipificado en el Código Penal.
La competencia se otorga en este caso a los Juzgados de Menores con la particularidad de que el Ministerio Fiscal es el órgano instructor en estos procesos.
Al menor que resulte responsable penalmente se le aplicará una de las medidas que prevé la ley que van desde el internamiento en un centro hasta la realización de actividades en beneficio de la comunidad, o la realización de tareas socio-educativas, la libertad vigilada, el tratamiento ambulatorio, la inhabilitación absoluta o la asistencia a un centro de día, entre otras.
El servicio que ofrecemos es el de defender o bien al menor presunto responsable del delito o falta, o bien a la víctima.
En este tipo de procesos, nuestra labor como Psicólogos es complementaria a la que lleva a cabo el profesional de la abogacía. Cuando se solicita que el papel que realice el profesional sea el de defender al menor como presunto responsable de un delito, nuestro trabajo consiste en ayudar a averiguar las causas que le llevaron a actuar de esa manera y poder realizar un trabajo terapéutico con él.
Procedimientos de filiación, impugnación y reclamación de paternidad.procedimiento de filiación y emancipación
Determinación legal de la filiación de los hijos fuera del matrimonio.
Impugnación de la filiación legalmente determinada dentro del matrimonio.
Cuestiones de Patria Potestad: ejercicio, cese, prórroga, rehabilitación.
La capacidad de obrar plena se adquiere al llegar a la mayoría de edad. Sin embargo el menor de edad puede alcanzar dicha capacidad de obrar plena a través del procedimiento de emancipación si tiene 16 años y se sigue el procedimiento establecido en la ley. Según el caso, o bien se requerirá la intervención del Notario, o la autorización judicial.
Los servicios que se prestan consisten en la defensa en juicio de procesos de filiación y emancipación de menores de edad, amén del asesoramiento y suscripción de documentos notariales.
El internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí precisa autorización judicial.
Para iniciar el internamiento será necesario acudir al Juzgado y hacer la solicitud, la cual será tramitada con carácter de urgencia en un plazo no superior a diez días.
En Barcelona las solicitudes se suelen tramitar en una semana.
El Juez, previo a la decisión, examinará a la persona cuyo internamiento haya de decretarse, sin perjuicio de las pruebas médicas que se practiquen y de la intervención preceptiva del Ministerio Fiscal.
Los servicios que se prestan consisten en la presentación de demandas de internamiento no voluntario ante el órgano jurisdiccional competente.
En las incapacidades civiles corresponde promover la declaración al cónyuge o pareja, hijos, padres o hermanos cuando una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico impida a la persona gobernarse por sí mismo, todo ello a fin de preservarlo personal y económicamente. Si el presunto incapaz es un menor de edad, sólo están legitimados quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.
Cuando no existan particulares legitimados o éstos no hayan instado la incapacidad está legitimado el Ministerio Fiscal.
Declaración de prodigalidad. Afecta a la persona que malgasta su patrimonio de forma habitual, poniéndolo en peligro injustificadamente en perjuicio de su familia. Nuestro abogado de familia ha tenido que intentar alguna prodigalidad a petición de los hijos y familiares que veían perjudicados sus derechos presentes y futuros.
Corresponde promover la declaración de prodigalidad al cónyuge o pareja, descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. En su defecto, el Ministerio Fiscal.
El declarado pródigo estará sujeto a curatela.
El estado civil es la cualidad de la persona que por su especial situación en la organización jurídica caracteriza su capacidad de obrar y el ámbito de poder y responsabilidad.
La prueba del estado civil de la persona viene determinada por la inscripción o anotación en el Registro Civil o bien por la posesión de estado.
El valor de la posesión de estado como título de legitimación subsidiaria, cuando falta la inscripción en el Registro Civil o se suscita contienda ante los Juzgados viene reconocido en la ley.
Los servicios que se prestan consisten en la acreditación del estado civil tanto judicial como extrajudicialmente.
Consulta a nuestro abogado de familia en Barcelona.
La regulación actual del la ley permite realizar modificaciones en el Registro Civil respecto al nombre, los apellidos y el orden de los mismos.
Para la alteración del orden de los apellidos es necesario acreditar una justa causa y que no exista perjuicio a terceros. El cambio operará siempre que no sea contrario al orden público.
La tramitación y seguimiento del expediente ha de realizarse ante el Juez Encargado del Registro Civil y Ministerio de Justicia.
El protocolo familiar es un documento que se suscribe entre los diversos parientes y familiares que ostentan participaciones en la empresa. Puede realizarse en documento privado o público.
El Protocolo sirve para la regulación de pactos, siendo los más frecuentes:
El protocolo familiar también puede ayudar a determinar las bases para encarar una sucesión ordenada y profesionalizada a través de los pactos sucesorios.
Cataluña ha querido facilitar la trasmisión intergeneracional de una manera ordenada, mediante la modificación del régimen sucesorio estableciendo un nuevo sistema de sucesión contractual -los pactos sucesorios- en el que se permitan los pactos entre los cónyuges, parejas y familiares (no se permiten con terceros).
Así, se permite resolver en vida de los titulares de la empresa la cuestión relativa a la continuidad de la empresa, anticipando la sucesión.
El Reglamento 2201/03 (Bruselas II bis) es el que está en vigor en la actualidad en materia de separaciones, divorcios, responsabilidad parental, derecho de custodia, visitas, tutela, curatela, acogimiento y determina la competencia judicial internacional a través de distintos criterios como el domicilio de los cónyuges, el domicilio del demandado o incluso el domicilio del actor aunque no esté el demandado si aquél ha residido en él un año anterior a la presentación de la demanda.
En materia de alimentos rige el Reglamento 4/2009, vinculado al Convenio de la Haya.
Por su parte, para determinar cuál es la ley aplicable a la separación o al divorcio, en la actualidad, se ha partir del Reglamento 1259/2010, en vigor desde el 21 de junio de 2012, en el que se introduce el criterio de la residencia habitual en lugar del de la nacionalidad, entre otros.
