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Cámara de vigilancia y despido procedente por robar

La prueba de grabación de imágenes en el despido: 

El artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores establece que el empresario podrá adoptar las medidas de vigilancia y control que estime más oportunas para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, siempre que sean necesarias para el correcto desenvolvimiento de la actividad productiva y respeten el derecho a la intimidad de los trabajadores.

No existe normativa específica que regule la instalación y utilización de mecanismos de control y vigilancia consistentes en sistemas de captación de imágenes o grabación de sonidos dentro de los centros de trabajo, por lo que son los órganos jurisdiccionales los que se han encargado de ponderar, en caso de conflicto, en qué circunstancias puede considerarse legítimo su uso por parte del empresario.

Asunto del Tribunal Europeo de Derecho Humanos 1874/13 y 8567/13) López Ribalda y otros vs. España, de 9/01/2018

En este asunto Caso López Ribalda, el alto tribunal establece que el despido es procedente pero establece una indemnización por daños por grabarlo de forma incorrecta.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado otra vuelta de tuerca para que se respete la protección del derecho a la intimidad de los trabajadores.

En la Sentencia López Ribalda y otros vs. España, este Tribunal confirma la procedencia del despido realizado por Mercadona, pero le condena al pago de 4.000€, y al pago de unas costas aproximadas de 500€, por vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores.

Los trabajadores actuaban coordinadamente con clientes para escanear y cobrar productos del supermercado, para luego retroceder la compra. La empresa instaló cámaras que eran visibles, pero instaló otras cámaras ocultas que también grababan de forma permanente.

El Tribunal, al igual que el Juzgado de lo Social de Granollers y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, estima que el despido es procedente. No obstante, considera que la vigilancia permanente mediante cámaras ocultas vulnera la normativa de protección de datos, y por tanto el derecho a la intimidad, y es por ello que la empresa debe indemnizar a los trabajadores, aunque el despido sea procedente.

Habrá que ver como reaccionan los Juzgados nacionales ante esta sentencia, y es probable que empiecen a estimar que muchas de las grabaciones realizadas con cámaras ocultas puedan ser ilegales.

En nuestra opinión hoy es ya necesaria la opinión de un experto en derecho antes de que se instalen las cámaras, pues sólo de esta forma podrá prevenir y evaluar si tal grabación vulnera derechos fundamentales.

Además, que esa instalación y vigilancia la realice un detective privado ofrecerá muchas más garantías en juicio y además éste puede actuar como perito.

Para cualquier aclaración al respecto no dude en contactar con nuestros expertos en derecho laboral.


Puede descargarse la sentencia en el siguiente link: 

Documento Archivo

CUANDO PUEDO INSTALAR CÁMARAS EN EL CENTRO DE TRABAJO:

Según reiterada jurisprudencia, es lícita la utilización de sistemas audiovisuales cuando afectan a la actividad laboral, al puesto de trabajo, pero no cuando se instalan en lugares de uso personal, aunque sea dentro del centro de trabajo.

EL CASO DEL TRABAJADOR QUE REALIZA PRÁCTICAS ONANISTAS EN EL MUSEO:

Es el caso de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Galicia (Sala de lo Social), de 20 de marzo de 2002, en la que se considera ilícita la grabación del vigilante de seguridad de un Museo en jornada nocturna, que desatiende su deber, manipula el ordenador, realiza prácticas onanistas, se acomoda en un sillón en actitud de somnolencia y no viste el uniforme oficial. Estos hechos quedan registrados por cámaras de vigilancia dentro de una estancia donde sólo existe material de oficina y se usa como sala de esparcimiento o descanso.

El trabajador alega que la causa del despido invocada por la empresa tiene origen en la captación y grabación de imágenes que no respetaron su dignidad, y que no obedecieron a razones de seguridad o a un mayor control de los objetos a proteger. La conducta del trabajador es constitutiva de infracción, porque existe un incumplimiento de los deberes propios de sus laborales de vigilancia, al hacer dejación de sus funciones durante el período de descanso o mientras manipula el ordenador, y ello pese a la especial atención que requiere la naturaleza de las funciones de vigilante.

La Sala estima que la sanción más adecuada al incumplimiento del actor no es el despido, como decidió la empresa, puesto que las imputaciones que se hacen al trabajador no representan un abandono o dejación total de sus funciones; el trabajador simplemente descansa, no duerme, y por tanto está en condiciones de percibir cualquier incidencia que se produzca en el servicio, y lo mismo cabe decir respecto al período en que permanece manipulando el ordenador.

El derecho a la intimidad en cuanto derivación de la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 de la Constitución Española implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana. El derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho.

EL CASO DEL TRABAJADOR QUE TRAFICA DROGA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA:

En la Sentencia de 14 de septiembre de 2002, del Tribunal Superior de Justicia Madrid no queda probado que el trabajador implicado hubiere sido sorprendido traficando con droga en las dependencias de la empresa y en su horario de trabajo. Consta únicamente que ese día el actor y otro compañero, fueron observados, a través de las cámaras instaladas en la empresa, cuando se hallaban en un área de descanso, aislada y reservada a los trabajadores y al personal de limpieza, cuando procedían a manipular una sustancia, calentándola con un mechero y cortándola, pero sin que se haya justificado debidamente que el actor hubiere percibido del compañero citado una cantidad de dinero a cambio de la entrega de una parte de esa sustancia.

De esta forma, el alto Tribunal confirma la sentencia de primera instancia, que declara la nulidad del despido operado por la empresa por estimar que se había producido con violación del derecho fundamental consagrado en el artículo 18 de la Constitución, derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.

EL CASO DEL COUPIER DEL CASINO Y LAS CONVERSACIONES GRABADAS:

Una se las sentencias más importantes es la Sentencia de 25 de enero de 1996, del Tribunal Superior de Justicia Galicia.

El Juzgado de primera instancia entiende que se ha producido por parte de la empresa, una vulneración del derecho fundamental de la intimidad de los trabajadores, cuando instaló micrófonos en determinadas dependencias del casino, por lo que declara la nulidad de la medida en cuestión.

El Tribunal Superior de Justicia, finalmente considera como medios de vigilancia y control empresarial legítimos la instalación de micrófonos en dos concretos puestos de trabajo de un Casino, con la finalidad de controlar el juego de la ruleta y los cambios en caja. Es en estos lugares donde pueden surgir controversias o cuestiones, para cuya debida resolución resulte conveniente conocer las conversaciones, se trata por ello de una medida de seguridad por razón de trabajo, instalada en lugares que son zonas de trabajo de la propia empresa, de ahí que no pueda hablarse de una intención de vulnerar la intimidad de los trabajadores.

EL CASO DEL COCINERO QUE PICOTEBA DE LAS BANDEJAS DE LOS CLIENTES

En otras ocasiones las medidas de vigilancia se pueden instalar para comprobar alguna sospecha fundada de la actuación fraudulenta del trabajador. Es el caso de la Sentencia de 20 de octubre de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que considera procedente el despido de una trabajadora que, de forma habitual y a distintas horas de su jornada laboral, consumía los productos que se encontraban a la venta en su departamento, sin abonar su importe.

La tarea de la trabajadora en cuestión consistía en vender los platos preparados que previamente se elaboraban en la cocina, ubicada en otra planta del edificio. La comida se dispone en unas bandejas y se transporta hasta el citado departamento y no consta que la actora tenga obligación de degustar los productos para verificar si se encontraban o no en buen estado.

La empresa observó en la basura procedente del departamento de platos preparados tarrinas vacías, por lo que ordenó al encargado de seguridad la instalación de una cámara en el interior del almacén de dicho departamento para efectuar un seguimiento. Las grabaciones obtenidas delataron a la trabajadora, que consumía a diario los productos alimenticios destinados a la venta al público.

La legitimidad de los medios de vigilancia y control empresarial está determinada por elementos como: vulneración de la buena fe contractual, proporcionalidad de la medida, respeto por el derecho a la intimidad del trabajador; incluso criterios más concretos como si las cámaras de vigilancia se encuentran en zonas de trabajo o en áreas de descanso.

Fecha de publicación: 11 enero 2018

Última actualización: 3 enero 2021