En España, las sociedades tienen la obligación de cumplir con diversas normativas en materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente, que derivan tanto de la legislación nacional como de la normativa de la Unión Europea. Estas normativas buscan reducir el impacto ambiental de las empresas y fomentar prácticas sostenibles en sus operaciones.
Redactado por Abigail Sked
Paralegal
Normativa Nacional
Ley de Responsabilidad Medioambiental
Los operadores de ciertas actividades consideradas de alto riesgo al medio ambiente, como la gestión de residuos, la industria química o la minería, deben disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que pretendan desarrollar. Dichas garantías están reguladas por la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental y el Real Decreto 2090/2008. Mediante un análisis de riesgos medioambientales, el objetivo es identificar y evaluar los posibles riesgos que las actividades pueden generar sobre el suelo, el agua, la ribera del mar y de las rías, y la biodiversidad, y, en función de los resultados, disponer de fondos suficientes para cubrir dichos posibles daños ambientales.
Ley de Sociedades de Capital y el Informe de Información No Financiera
La Ley de Sociedades de Capital establece que las grandes empresas, especialmente las que tienen más de 500 empleados, deben presentar un Informe de Información No Financiera. Esta obligación se introdujo en 2018 mediante el Real Decreto-ley 18/2017, que traspone la Directiva Europea 2014/95/UE. El informe debe incluir información sobre las políticas adoptadas por la empresa en materia de medio ambiente, sostenibilidad, derechos humanos, diversidad y otros aspectos sociales. Este requerimiento tiene como objetivo mejorar la transparencia y permitir que los inversores y el público evalúen el impacto ambiental y social de las actividades empresariales.
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Aprobada en 2021, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a ciertas empresas grandes a calcular y publicar su huella de carbono y diseñar un plan para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adoptar medidas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Esta ley establece un objetivo claro de neutralidad climática para 2050 y una reducción de las emisiones del 23% para 2030, alineando a España con los compromisos del Acuerdo de París. Las empresas, particularmente en sectores intensivos en energía, deben ajustar sus actividades para cumplir con estos objetivos, adoptando tecnologías más limpias y sostenibles.
Ley de Residuos y Suelos Contaminados
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados fue reformada en 2022 y se enfoca en la reducción de residuos y la promoción de la economía circular. Las empresas deben minimizar la generación de residuos y gestionar adecuadamente aquellos que sean peligrosos. Además, tienen la obligación de descontaminar suelos en caso de que se detecte contaminación derivada de sus actividades. Esta Ley también contempla el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, comúnmente conocido como la "tasa del plástico", que grava la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables en España y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Normativa de la Unión Europea
Pacto Verde Europeo y Ley del Clima
El Pacto Verde Europeo es la principal estrategia de la UE para lograr la neutralidad climática en 2050. Dentro de este marco, la Legislación europea sobre el clima (Reglamento (UE) 2021/1119) establece objetivos vinculantes de reducción de emisiones, que impactan directamente a las empresas. A través de esta normativa, las empresas deben alinearse con políticas de eficiencia energética, reducción de emisiones y adopción de energías renovables.
Directiva de la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas
La nueva Directiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en inglés), que se ha entrado en vigor de forma progresiva a partir de 2024, amplía los requisitos de divulgación de información no financiera para empresas medianas y grandes. Esta directiva armoniza la presentación de datos sobre sostenibilidad y medio ambiente, facilitando su comparación a nivel europeo.
Reglamento de Taxonomía Verde
El Reglamento de Taxonomía Verde define qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles, afectando las decisiones de financiación e inversión en las empresas que deseen acceder a capital para proyectos verdes.
Las empresas en España están sujetas a un marco normativo complejo y en evolución, que deriva tanto de la legislación nacional como de la UE. Cumplir con estas obligaciones no solo es esencial para evitar sanciones, sino que también ofrece oportunidades para mejorar la competitividad y reputación en un entorno empresarial que valora cada vez más la sostenibilidad.
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